Escrivá rechaza más de 1.500 millones de euros de incentivos fiscales para el fondo público de pensiones

Este martes se iba a llevar a cabo la ponencia de las enmiendas en el Congreso , paso previo junto al visto de la comisión y posterior votación en el Parlamento. Hasta ese momento, el Gobierno apurará las negociaciones con sus socios y con los partidos de la oposición para sumar apoyos. Sin embargo, la reunión de ayer fue desconvocada en el último momento, aunque no trascendió el motivo concreto de la demora.

El punto de partida, no obstante, está en la negativa del ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá , a incorporar incentivos fiscales para los futuros ahorradores del fondo público -más allá de la deducción en cuota a la Seguridad Social que alcanzará los 400 euros al año por trabajador al año- que plantean los partidos de la oposición para tanto para las empresas como trabajadores.

En suma, las enmiendas rechazadas por el Gobierno acumulan un total de incentivos fiscales y exenciones por valor de 2.565 millones de euros. Si descontamos de aquí los puntos que se solapan entre las peticiones de los diferentes partidos, el coste de los incentivos rechazados supera los 1.500 millones de euros. Alega el gabinete del Ministerio de Seguridad Social en la contestación oficial remitida a los partidos políticos a la que ha tenido acceso ABC que la implantación de estas medidas implican una aminoración de los ingresos presupuestarios por lo que «no presta conformidad para su tramitación en virtud de lo establecido en el artículo 134.6 de la Constitución».

Más allá, si bien la respuesta del Gobierno asevera el rechazo a las propuestas de los partidos políticos , la pérdida de apoyo de los socios de la coalición empujará al Ejecutivo a negociar concesiones sobre el pliego de medidas rechazadas por impacto presupuestario.

Concretamente, hasta cuatro grupos parlamentarios (PP, C's, Vox y PDeCAT) demandan al ministro Escrivá que considere la ampliación de la reducción en IRPF por aportaciones de trabajadores autónomos a los planes de empleo simplificados (los que se incorporarán al fondo público de pensiones) desde los 4.250 euros hasta los 8.500 euros, para equipararlos a los niveles previstos para los trabajadores asalariados.

Estas formaciones también proponen aumentar las exenciones en IRPF por aportaciones a los planes individuales de pensiones. Mientras que el PP, PDeCAT y Vox reclaman un periodo en el que esta deducción ascienda desde los 1.500 euros actuales hasta los 5.000 euros anuales, desde formaciones como C's reclaman un aumento más moderado, hasta los 4.000 euros anuales. Desde Vox y C's también piden deducciones en el impuesto de Sociedades de hasta el 15%.

Ambos puntos, según advierte la Seguridad Social en el informe remitido a los partidos, constituyen «modificaciones que supondrían un incremento en las aportaciones que se pueden realizar fiscalmente a sistemas de previsión social, generando el consiguiente incremento de la reducción de la base imponible del impuesto y, por ello, la reducción de la recaudación por el mismo«. Es decir, implican una merma de los ingresos tributarios previstos en Presupuestos.

Con todo, el Gobierno sigue apurando el plazo para dar salida a la medida, condición expresa de la Comisión Europea para continuar el desembolso de ayudas de los fondos Next Generation. España se juega en el examen de finales de junio un tercio del total de la financiación prevista para 2022.